Las elecciones legislativas han dejado en evidencia que el oficialismo ha fracasado en su intento por dar respuesta a las demandas de la sociedad.
El resultado de las PASO ya alertaba acerca del descontento social y los actores políticos buscaron alcanzar la máxima eficacia en sus mandatos, prometiendo soluciones, en algunos casos irrisorias.
Estas promesas traen consigo un conflicto aún mayor: el aparato estatal comienza a sufrir una gran expansión en virtud de los compromisos asumidos, porque los políticos prometen tratar las diferentes demandas sin que existan las estructuras administrativas idóneas para satisfacerlas.
La imposibilidad de dar respuesta a las múltiples demandas sociales, que a veces es producto de que las demandas de un sector y otro son opuestas; conlleva a la inevitable ineficacia del gobierno.
Como consecuencia directa de esa ineficacia, comienza a menguar la legitimidad de ejercicio del gobierno.
Cuando la gobernabilidad de un Estado es óptima, los ciudadanos legitiman la acción del aparato estatal (que actúa dentro de su espacio) respetando las decisiones adoptadas.
Por el contrario, cuando el Estado actúa tratando de ampliar sus fronteras para hacer frente a demandas que no puede cumplir, y comienza a perder legitimidad por parte de la ciudadanía, esta no respeta las decisiones del poder ejecutivo y se resiste a obedecerlas.
Mas allá de los resultados de los comicios, me preocupa la tan profunda crisis de gobernabilidad que enfrenta la presidencia a la que aún le falta mucho tiempo para terminar su mandato.
El descreimiento a las autoridades es tal, que los individuos no legitiman el accionar del gobierno y esto debe inquietarnos.
